Como si el fin de año no fuera complicado por sí mismo con todo lo que hay que dejar listo antes de partir de vacaciones, las noticias nos trajeron novedades en las últimas semanas en torno a lo digital.
Partamos por el ámbito judicial. Copesa primero, en el mes de marzo, y luego Cooperativa y El Mostrador, se presentaron ante el Tribunal de Defensa la Libre Competencia de Chile (TDLC) para presentar sus respectivos casos en contra de Google.
Su alegato es que la multinacional tiene un poder monopólico en los mercados de búsquedas y de publicidad asociada a esa tecnología y que se aprovecha de esa posición para “convertirse, a la vez, en proveedor monopólico de tráfico derivado a los medios de comunicación, competidor en el mercado de la publicación de diarios, noticias e información noticiosa en línea, y en el único actor eficiente en los mercados relevantes en la industria de la publicidad digital”.
Todo lo anterior debería ser sancionado por el tribunal, que en Chile es el encargado de vigilar que haya competencia según lo que plantea el Decreto N°211 (PDF) que regula la materia.
Este tipo de casos son lentos, porque requieren de mucha documentación y traslado de puntos de vistas, con exhortos incluidos, ya que la demanda involucra a una empresa que debe responder desde Estados Unidos. Por lo tanto, no hay que esperar que pase algo luego.
Pero, de ocurrir, lo que buscan los demandantes es que Google deje de operar de la manera que lo hace hoy. Como indican los abogados a través de uno de los medios, “esto implica que Google puede controlar a qué precio, cuándo, y cuánto puja, cómo lo vende, qué información ofrece, cuánto le cobra a cada parte de la cadena”.
La nueva ley
Desde el mundo legal llegó la otra novedad: nueva ley de protección a los datos personales. Aunque regirá desde diciembre de 2026, es decir dos años después de su publicación, su sola aparición genera cambios ya que hay diversas acciones que se deben realizar en este tiempo antes de su plena vigencia. Por ejemplo, en ese tiempo se deben generar los reglamentos que permitan hacer las acciones prácticas relacionadas con la ley.
Entre ellas, se cuenta la posibilidad de que las personas puedan solicitar el acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de datos (lo que se conocía como derechos ARCO en otros países). También que exista la Agencia de Protección de Datos Personales, como organismo autónomo, que tiene las tareas de “fiscalizar el cumplimiento de la normativa, sancionar las infracciones y promover buenas prácticas en el tratamiento de datos personales”.
Se demoró esta ley, ya que la anterior era de 1999 y se le notaba la edad. Entre otros temas, será relevante lo que implique para quienes realizan publicaciones digitales y recolecten datos de las personas. Habrá que tomar muchas precauciones porque ahora sí, esperamos, habrá que preocuparse de qué se hace con esa información. Por ejemplo, ¿se acabará la práctica nacional de pedir el RUT para cada compra?