No ha sido fácil ni simple pero, a 20 años del comienzo de la operación de las redes sociales más conocidas, se han comenzado a promulgar leyes para ponerle límites a lo que se puede hacer en estos espacios. Esto ha sido simultáneo con los hallazgos, cada vez más evidentes, de los efectos que están causando en la sociedad tanto a nivel personal, como grupal.
Por supuesto, no hablamos de Chile porque en nuestro caso aún estamos esperando que se actualice la legislación que data de 1999, es decir, es previa a la Internet que conocemos. Hay un proyecto en curso que lleva unos años de tramitación y del que se espera tener novedades luego, ya que está en el tercer trámite (lo que no necesariamente significa que esté por finalizar). Además, hay otros proyectos sobre el tema (como el de plataformas), pero que no han logrado avanzar.
Así que, mejor, miremos para afuera.
Los alcances de la legislación internacional van desde lo que se debe proteger en relación con la información de las personas hasta el cuidado que se debe tener con los contenidos que se expresan a través de entornos digitales.
En Estados Unidos el estado de Utah decidió que el acceso a las redes sociales sólo se puede hacer con una edad mínima. Entre las obligaciones que se ponen a las empresas y que regirán a partir de marzo del 2024, están las de no mostrar publicidad a menores de 18 años y otras similares.
En Canadá se aprobó en julio pasado la Online News Act, también conocida como la C18, que busca compensar a los medios de comunicación cuyos contenidos sean difundidos por redes sociales. Ahora en octubre se estaba haciendo la consulta a sus reglamentos y se espera que rija el próximo año. Sus primeros efectos no han sido los esperados: Meta bloqueó las noticias en sus plataformas y, como resultado, mucha gente ha dejado de tener información disponible en eventos catastróficos. Todo mal allí.
Esto ya se había legislado antes en Australia a través del “Código de Negociación de Medios de Noticias”, con un despliegue inicial similar al descrito en el párrafo anterior aunque sus resultados han sido bastante auspiciosos.
Por último, en Europa entró en vigencia la Ley de Servicios Digitales y de Mercados Digitales cuyo objetivo es crear un espacio “más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios y establecer unas condiciones de competencia equitativas para las empresas”. Como antes lo hizo la GDPR que establecía la protección de los datos personales (cuyo efecto indirecto fue que a todos nos avisen acerca del uso de las cookies aunque no estemos en Europa), se espera que este nuevo conjunto de reglas impacte a todo el mundo.
¿Regular la IA?
Es muy probable que por el hecho de existir sin regulación por tanto tiempo y por el efecto que esto ha causado en la sociedad, que a poco de comenzar las aplicaciones más conocidas de inteligencia artificial (IA) ya haya una preocupación por regularlas.
Esta semana el presidente de EE.UU. Joe Biden usó un método particular para poner límites a lo que se puede hacer a través de la IA. Las notas de prensa, basadas en un resumen entregado por la Casa Blanca, indican que la normativa “aborda una amplia gama de cuestiones, imponiendo nuevas obligaciones de seguridad a los desarrolladores de IA y pidiendo a una serie de agencias federales que mitiguen los riesgos de la tecnología al tiempo que evalúan su propio uso de las herramientas”.
La preocupación es similar en otras áreas del mundo. De hecho, la semana pasada hubo un encuentro regional en Santiago para abordar el tema, organizado por la Unesco. Lo que se busca es la incorporación de una serie de recomendaciones que establecen límites éticos en torno a la IA.
Como vemos, hay regulación en camino en casi todas partes. Aunque a nivel local, da la idea de que vamos llegando tarde porque en IA si bien hay una política chilena en la materia y diferentes organismos del Estado la están empleando, aún no existe nada parecido a una norma que canalice su uso y alcances.
Como en otros temas, el tiempo puede terminar pasando la cuenta.